14 de mayo de 2008

[Manifiesto] Políticas tolerantes para reducir los daños


Cinco plataformas de organizaciones de personas afectadas por las drogas, coincidiendo con la XIX Conferencia Internacional de Reducción de daños, han hecho público un Manifiesto en el que exigen “un cambio radical” en las políticas de drogas actuales. En el documento piden que España salga de las Convenciones Internacionales sobre drogas y “que ponga en marcha políticas tolerantes para gestionar la producción y consumo de drogas y reducir los daños asociados”.

Las plataformas que firman el manifiesto (Federación española de Asociaciones de personas afectadas por las drogas y el VIH, Asociación de apoyo a las personas con problemas de drogas de Catalunya, Plataforma Pro derechos de las personas afectadas por las políticas de drogas de Catalunya, Coalición Europea por Políticas de Drogas Justas y Eficaces, y la Federación de Asociaciones Cannábicas) agrupan a casi 200 entidades, desde asociaciones de personas consumidoras de drogas por vía intravenosa y con VIH/SIDA a grupos de estudios sobre el cannabis.

Entre las medidas que proponen, se encuentran las de políticas de drogas “que no causen daño a la salud de los consumidores, que no amenacen la subsistencia de campesinos en países del Sur, que respeten los derechos de los ciudadanos y ciudadanas y que tengan en cuenta las diferencias de género”.

Las organizaciones también exigen cambios en la ley que pongan freno a la entrada masiva de personas usuarias en las prisiones; la apertura del debate social con todos los agentes de la comunidad sobre la regulación de algunas sustancias, empezando por separar el mercado del cannabis del resto de drogas ilegales; la redefinición de las estrategias de prevención dirigidas a jóvenes y personas adultas, en base a criterios integrales, realistas y participativos y con enfoque de género y la innovación y extensión de los tratamientos de drogodependencias a toda la población afectada, especialmente a la más vulnerable. A este tipo de medidas se las conoce con el nombre de “políticas de reducción de daños”.

"Las personas afectadas tanto por las drogas como por las políticas, sufren el deterioro de la salud, el aumento de la exclusión y estigmatización y la vulneración de los derechos más elementales debido a una estrategia criminalizadora impuesta por los organismos internacionales y por nuestros propios países", afirma Xavier Pretel, coordinador de la Federación Española de Asociaciones de Personas Afectadas por las Drogas y el VIH), cuya misión es “mejorar la calidad de vida del colectivo y romper con el estigma asociado”.

Mayor participación

Los representantes de las plataformas firmantes se quejan de la falta de interés de los gobiernos y la Comunidad internacional por facilitar la participación de este tipo de organizaciones en los foros en los que se toman las decisiones sobre las políticas de drogas, por lo que exigen una intervención efectiva en la ONU, en la Unión Europea y en el Estado español.

"La participación de las organizaciones de afectados en la evaluación y diseño de las políticas de drogas es anecdótica y cuando se da, no tiene ninguna influencia en la toma de decisiones", señala Virginia Montañés, presidenta de ENCOD, la Coalición Europea por Políticas de Drogas Justas y Eficaces.

Según las plataformas firmantes, la estrategia antidrogas se ha convertido “en una guerra abierta” contra las personas consumidoras: "El aumento de las ganancias del narcotráfico está directamente relacionado con el deterioro de la salud de las personas usuarias de drogas", afirma Arantza Maira, portavoz de la Federación de Asociaciones Cannábicas.

“Las desventajas de la situación del colectivo fomentan la marginación y la autoexclusión, dificultando la cobertura de sus derechos y el ejercicio de sus deberes como ciudadanos y ciudadanas”, argumenta la Plataforma. (Redacción/agencias)